La Corte Constitucional de Colombia profirió una nueva sentencia unificando su jurisprudencia sobre el fuero de salud y la estabilidad laboral reforzada. En la providencia, el alto tribunal precisó que todo despido ejecutado sin la autorización expresa del Inspector del Trabajo cuando el empleado se encuentra en tratamiento médico, incapacidad o con secuelas físicas o psicológicas, carece de todo efecto jurídico. La Corte ordenó el reintegro inmediato del trabajador afectado, el pago de todas las acreencias salariales y prestacionales causadas desde la desvinculación, más la sanción de 180 días de salario prescrita en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Corpocolombianos recuerda a las familias trabajadoras que cuentan con asesoría legal permanente para interponer las respectivas acciones de tutela ante cualquier vulneración de esta naturaleza.
La Sala de Revisión enfatizó que el despido de personas en condición de debilidad manifiesta por razones de salud es ineficaz sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo.
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